Cuando cumplir con la ley parece convertirse en un problema: la paradoja de la asistencia a domicilio en Santander que vamos a ver hoy.

Empresas legales bajo la lupa mientras la economía sumergida sigue a la vista

Existe una sensación de injusticia que resulta especialmente difícil de explicar a quienes trabajan en el sector de la asistencia a domicilio y han decidido hacer las cosas correctamente desde el primer día. Empresas que contratan a sus trabajadores, tramitan las altas correspondientes, cumplen sus obligaciones fiscales, elaboran contratos, pagan cotizaciones, respetan los derechos laborales y asumen todos los costes administrativos que implica desarrollar una actividad profesional se encuentran, en ocasiones, sometidas a un nivel de vigilancia que puede resultar difícil de entender cuando, al mismo tiempo, siguen existiendo formas de prestación de servicios al margen de los cauces legales. La cuestión no es cuestionar que exista una Inspección de Trabajo ni negar la necesidad de controlar que las empresas cumplan la normativa. La cuestión es preguntarse si el esfuerzo de vigilancia está llegando con la misma intensidad allí donde existen indicios visibles de economía sumergida.

La Inspección de Trabajo tiene, naturalmente, la obligación legal de comprobar el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social. La Ley 23/2015 le atribuye expresamente funciones de vigilancia sobre las relaciones laborales, las altas y bajas de trabajadores, la cotización y la recaudación de cuotas, entre otras materias. También le permite investigar y examinar documentación relacionada con el cumplimiento de estas obligaciones. Por tanto, que una empresa legalmente constituida sea inspeccionada no constituye por sí mismo una anomalía. Una empresa que cumple la legislación también puede ser objeto de comprobaciones.

El problema aparece cuando el ciudadano tiene la percepción de que el sistema dedica una enorme capacidad de control a quienes están perfectamente identificados y localizados, mientras que otras formas de actividad irregular permanecen durante largos periodos prácticamente a la vista de todos. Y es precisamente en ese punto donde la Administración debería ser capaz de transmitir una idea fundamental: cumplir la ley no puede convertirse en una desventaja competitiva frente a quienes deciden ignorarla.

El verdadero problema no es que se inspeccione, sino qué se prioriza

Una empresa de asistencia a domicilio que trabaja legalmente soporta una estructura de costes que no existe, o que puede ser considerablemente menor, cuando una persona presta servicios de manera completamente informal. Hay salarios, cotizaciones, seguros, prevención de riesgos, asesoramiento laboral, contabilidad, impuestos, gestión administrativa, sustituciones, vacaciones, bajas y todas aquellas obligaciones que forman parte de una actividad profesional correctamente organizada.

En el caso de los empleados de hogar, la propia Seguridad Social recuerda que el alta debe realizarse con carácter previo al inicio de la relación laboral y que corresponde al empleador tramitarla. Esto no es una recomendación voluntaria ni una cuestión burocrática secundaria: forma parte de las obligaciones legales que protegen tanto a quien trabaja como a quien contrata.

Por eso resulta comprensible que una empresa formalizada se pregunte qué ocurre cuando compite directamente con personas que ofrecen servicios similares sin asumir las mismas obligaciones. La empresa legal tiene que incorporar esos costes al precio de sus servicios. Quien trabaja completamente al margen de la estructura legal puede ofrecer, en determinadas circunstancias, un precio mucho más bajo. El resultado es una distorsión evidente de la competencia.

No se trata únicamente de una cuestión económica. También existe una cuestión laboral y social. Cuando una persona trabaja sin alta, sin cotización y sin un marco contractual adecuado, queda expuesta a una situación de mayor vulnerabilidad. Y cuando una familia contrata informalmente un servicio de asistencia porque resulta más barato, puede estar asumiendo también determinados riesgos que quizá no conoce.

La propia Administración reconoce desde hace años que el empleo doméstico presenta problemas relacionados con la economía irregular. El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027 establece específicamente actuaciones destinadas a aflorar empleo no declarado en este sector y señala la necesidad de controlar situaciones de infracotización y de comprobar que las jornadas declaradas se corresponden con las realmente realizadas.

Por tanto, el problema de la economía sumergida en los cuidados no es una invención de las empresas del sector. Es una cuestión que la propia planificación oficial reconoce.

Los anuncios en las inmediaciones de un hospital plantean una pregunta incómoda

Hay otra cuestión que merece ser debatida: la presencia de anuncios y contactos particulares relacionados con servicios de cuidado y acompañamiento en las inmediaciones de centros hospitalarios.

Quienes frecuentan un hospital como Valdecilla pueden encontrarse con anuncios que ofrecen servicios de acompañamiento, cuidado de personas mayores o asistencia durante estancias hospitalarias. La existencia de un anuncio, por sí sola, no demuestra que quien ofrece el servicio esté trabajando ilegalmente. Puede tratarse perfectamente de una persona o empresa que cumple sus obligaciones. Sería injusto afirmar lo contrario sin pruebas.

Pero precisamente por eso surge una pregunta razonable: si existen indicios de prestación de servicios profesionales, ¿se comprueba de la misma manera si esas actividades están correctamente regularizadas?

La diferencia entre una empresa que aparece identificada con sus datos fiscales, trabajadores, contratos y obligaciones administrativas y una persona que simplemente deja un teléfono para ofrecer sus servicios debería ser objeto de una reflexión seria. No porque el segundo caso sea necesariamente ilegal, sino porque cuando existe actividad económica remunerada deben cumplirse las obligaciones que correspondan.

Además, existen empresas del sector que ofrecen precisamente servicios de acompañamiento hospitalario en Valdecilla y que públicamente presentan una estructura profesionalizada. Por ejemplo, empresas de asistencia domiciliaria y acompañamiento anuncian servicios específicos para pacientes y familiares en el hospital, mientras que otras ofrecen cuidado profesional de personas mayores y gestionan las correspondientes cuestiones administrativas.

La convivencia de todos estos modelos hace todavía más importante que las reglas sean iguales para todos.

¿Por qué la empresa que cumple debería tener que justificarse constantemente?

Imaginemos dos modelos.

En el primero existe una empresa constituida legalmente. Tiene trabajadores contratados, realiza las altas correspondientes, paga cotizaciones, presenta sus obligaciones fiscales, dispone de una estructura administrativa y responde ante sus clientes. Si un trabajador enferma, tiene que gestionar una sustitución. Si un empleado disfruta de vacaciones, tiene que organizar el servicio. Si existe una incidencia laboral, debe responder conforme a la normativa.

En el segundo modelo existe una persona que ofrece directamente sus servicios a las familias y cobra por ellos. Si su actividad está correctamente declarada y cumple las obligaciones correspondientes, no existe problema: también está dentro de la legalidad. Pero si, por el contrario, trabaja sin alta, sin cotizaciones y sin declarar los ingresos que correspondan, entonces existe una situación que debería ser objeto de control.

La diferencia fundamental no debería ser quién anuncia más o quién tiene una empresa más grande. Debería ser quién cumple y quién no cumple.

Y ahí aparece la sensación de injusticia que expresan muchas empresas legalizadas. No están pidiendo que se deje de inspeccionar. Están pidiendo que la inspección tenga un criterio equilibrado y que el cumplimiento de las obligaciones no se convierta en una carga que solo soportan quienes están perfectamente identificados.

El sector de los cuidados necesita profesionales de verdad y no burocracia y cargas fiscales sólo para los que cumplen

La asistencia a personas mayores, dependientes o enfermas no es una actividad cualquiera. Implica entrar en la intimidad de una familia, atender a personas vulnerables y asumir responsabilidades que requieren confianza, experiencia y profesionalidad.

Una empresa que invierte en selección de personal, formación, contratación y organización del servicio está realizando una apuesta por profesionalizar un sector que durante demasiado tiempo ha estado asociado a relaciones laborales informales.

Precisamente por ello resulta contradictorio que las empresas que intentan profesionalizar los cuidados puedan percibir que la economía sumergida constituye una competencia imposible de combatir.

El propio Ministerio de Trabajo reconoce que el empleo doméstico tiene características particulares y que se trata de un sector especialmente vulnerable. El Plan Estratégico 2025-2027 contempla campañas específicas para aflorar empleo no declarado y prestar atención a las denuncias de las personas trabajadoras.

La pregunta, por tanto, no debería ser si hay que inspeccionar a las empresas legales. Evidentemente, también deben cumplir la ley y pueden ser inspeccionadas. La pregunta más interesante es si los recursos disponibles se están utilizando de una forma que permita detectar igualmente las situaciones de economía sumergida que perjudican tanto a los trabajadores como a las empresas que cumplen.

Eliminar publicidad legal en el mismísimo hospital: la competencia desleal de los que trabajan en negro

También merece una reflexión aparte la retirada de publicidad relacionada con servicios de asistencia o acompañamiento en un entorno hospitalario.

Si un centro establece unas normas sobre cartelería, publicidad o utilización de sus instalaciones, esas normas deberían aplicarse con criterios objetivos y conocidos. Lo verdaderamente importante es que no exista una situación en la que una empresa que cumple todas sus obligaciones vea desaparecer su publicidad mientras las alternativas informales continúan encontrando vías para llegar directamente a las familias.

No podemos afirmar, sin documentación concreta, que la retirada de un determinado anuncio en Valdecilla responda a una decisión destinada a favorecer o perjudicar a una empresa concreta. Tampoco sería correcto atribuir intenciones que no hayan sido acreditadas. Pero sí es legítimo plantear una cuestión general: si se restringe la publicidad de servicios profesionales, ¿qué alternativas de información se ofrecen a las familias que necesitan contratar asistencia?

Porque la necesidad no desaparece porque desaparezca un cartel.

Una familia que acaba de recibir la noticia de que un padre, una madre o un familiar necesita ayuda puede necesitar urgentemente encontrar a alguien que lo acompañe, que lo cuide durante una hospitalización o que continúe la asistencia en el domicilio. Si los canales profesionales quedan invisibilizados, la demanda seguirá existiendo. Y esa demanda puede terminar dirigiéndose hacia opciones cuya situación laboral o administrativa resulta mucho más difícil de comprobar.

La solución de la Inspección de Trabajo de Cantabria es mirar hacia otro lado

Defender a las empresas que cumplen la legalidad no significa pedir que se deje de perseguir el fraude. Al contrario. Una manera efectiva de proteger al empresario que cumple consiste precisamente en garantizar que quien compite con él también tenga que cumplir las mismas reglas.

La Inspección de Trabajo dispone de competencias para controlar las altas, bajas, cotizaciones y demás obligaciones relacionadas con la Seguridad Social. Y en Cantabria existe además un marco de cooperación específico entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma, publicado en marzo de 2026, destinado precisamente a desarrollar las funciones públicas de inspección en el territorio.

Es decir, existen herramientas y estructuras administrativas para actuar.

Lo que las empresas legales pueden reclamar legítimamente es que esas herramientas se utilicen con una visión completa del mercado. Que no se concentre la atención únicamente en quien presenta una sede, una plantilla y una documentación fácilmente accesible. Que también se investiguen las situaciones en las que existan indicios objetivos de actividad no declarada. Que las denuncias y avisos sobre posibles irregularidades sean tratados con la misma seriedad independientemente de quién sea el sujeto investigado.

Porque de poco sirve decirle a una empresa que tiene que cumplir hasta la última coma de la legislación si, al mismo tiempo, permite que quienes operan fuera del sistema puedan competir con ella sin asumir las mismas obligaciones.

La verdadera justicia sería aplicar las mismas reglas a todos

El debate debería abandonar la falsa dicotomía entre «Inspección sí» e «Inspección no». Nadie debería defender que una empresa quede al margen de la ley simplemente porque se haya esforzado en cumplirla.

Lo que debe exigirse es algo mucho más sencillo: las mismas reglas para todos.

Una empresa legal debe poder ser inspeccionada. Una persona que trabaja por cuenta propia también debe poder ser comprobada. Un empleador particular debe cumplir las obligaciones que le correspondan. Una persona que presta servicios de asistencia debe estar correctamente encuadrada en el régimen laboral o profesional que corresponda. Y cuando existan indicios razonables de trabajo no declarado, deberían investigarse con la misma determinación que cualquier otra infracción.

Porque el problema no es que se persiga el fraude. El problema aparece cuando quien cumple empieza a sentir que está pagando el precio de cumplir mientras observa cómo otros consiguen competir desde fuera del sistema.

Y esa sensación tiene consecuencias. Desincentiva la profesionalización, perjudica a las empresas que invierten en empleo legal, presiona los precios a la baja y puede terminar perjudicando también a los propios trabajadores y a las familias que necesitan cuidados.

La asistencia a domicilio y el acompañamiento hospitalario necesitan precisamente lo contrario: profesionalización, transparencia, empleo digno y seguridad para las familias.

Si una empresa cumple, paga sus impuestos, cotiza por sus trabajadores, respeta sus derechos y asume todas las obligaciones administrativas, debería poder competir en igualdad de condiciones.

No se trata de pedir menos inspección. Se trata de pedir una inspección que mire en todas las direcciones.

Porque combatir la economía sumergida no debería consistir únicamente en revisar al que está dentro del sistema. También debería significar localizar a quien permanece fuera de él.

Y si realmente se quiere construir un sector de cuidados profesional, sostenible y de calidad, el mensaje debería ser inequívoco: cumplir la ley no puede ser el camino más difícil para trabajar.

He mantenido la acusación sobre los anuncios y el trabajo irregular en términos de denuncia y pregunta, no como un hecho probado. Esto es importante porque no he encontrado una fuente pública que permita afirmar que las personas que colocan esos anuncios en Valdecilla trabajan efectivamente sin alta o que la retirada de publicidad tenga como finalidad favorecer esa actividad. Sí está documentado oficialmente que la economía irregular en el empleo doméstico es un problema que la Inspección de Trabajo tiene expresamente entre sus objetivos de actuación.