Para establecer una empresa de transporte terrestre en Cantabria, España, hay una serie de trámites que debes completar. En primer lugar, es necesario registrar tu empresa ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para obtener un número de identificación fiscal (NIF). Si tu empresa es una sociedad, como una Sociedad Limitada (SL) o una Sociedad Anónima (SA), también deberás inscribirla en el Registro Mercantil correspondiente.

Posteriormente, necesitarás obtener la licencia municipal de apertura para tu empresa, lo que implica cumplir con los requisitos locales en términos de zonificación y regulaciones comerciales. Además, para operar como empresa de transporte, requerirás una autorización administrativa de transporte terrestre de mercancías o de viajeros, la cual puedes obtener a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Es fundamental contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros, así como obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) si vas a ser el responsable de la empresa o conductor. También debes registrar los vehículos que utilizarás en la empresa ante la Dirección General de Tráfico (DGT) y cumplir con los requisitos de inspección técnica.

Además, será necesario obtener autorizaciones específicas para cada tipo de servicio que vayas a ofrecer, ya sea transporte de mercancías o de pasajeros. Es importante registrar a tus empleados en la Seguridad Social y cumplir con las obligaciones laborales correspondientes. Dependiendo del tipo de transporte que ofrezcas y las rutas que recorras, es posible que necesites permisos adicionales, como licencias internacionales o permisos especiales para transportar ciertos tipos de mercancías.

Estos trámites son generales y pueden variar según las circunstancias específicas de tu empresa y la normativa vigente para transportes en Cantabria. Por ello, es recomendable consultar con un asesor legal o contable especializado en el sector del transporte para asegurarte de cumplir con todos los requisitos legales y administrativos.