Comentamos con una empresa de reparación de fachadas en Santander: ¿hasta qué punto nos pueden obligar? Vecinos de Puertochico denuncian la rapidez del Ayuntamiento al ordenar retirar una pancarta crítica con la alcaldesa de Santander. El Ayuntamiento de Santander resolvió en menos de tres horas el expediente urbanístico que exige la retirada de una pancarta crítica con la alcaldesa Gema Igual (PP), colocada por los vecinos del número 7 de la calle Andrés del Río, en el barrio de Puertochico. El gesto ha despertado polémica entre los residentes, que acusan al consistorio de actuar con celeridad desproporcionada para acallar una protesta ciudadana amparada —según defienden— por el derecho constitucional a la libertad de expresión.

Un informe exprés y una decisión cuestionada de abordar una fachada en Santander

Los hechos se produjeron el miércoles 22 de octubre, cuando agentes de la Policía Local acudieron al edificio sobre las once de la mañana para levantar acta sobre la pancarta. A las 13:46 horas del mismo día, el Servicio de Arquitectura municipal ya había firmado un informe urbanístico que consideraba la lona “incompatible con el planeamiento vigente” y recomendaba su retirada inmediata.

El documento, con membrete del Servicio de Disciplina Urbanística, se titula “Informe urbanístico para tramitar expediente de reposición de la legalidad urbanística de la lona publicitaria”, aunque los residentes recalcan que su mensaje no tiene ningún fin comercial ni puede considerarse un anuncio.

La pancarta, visible en la fachada del inmueble, mostraba el texto:

“GEMA, DE MERCADO DE BARRIO A PRE-AFTER, NO DA IGUAL”

Un mensaje con el que los vecinos expresan su rechazo a la transformación del mercado de Puertochico, donde está prevista la apertura de un McDonald’s en el edificio contiguo al recinto municipal. Una empresa de reparación de fachadas en Santander nos comentaba la cantidad de permisos que hacen falta para realizar cualquier actuación en una fachada en la ciudad y llama la atención la rapidez con la que es ha actuado aquí.

Argumentos legales y disputa interpretativa

El informe del Ayuntamiento sostiene que la pancarta “carece de autorización administrativa” y que su colocación contraviene la ordenanza municipal sobre instalaciones y actividades publicitarias. Según el texto, vulneraría tres artículos de dicha norma, uno de los cuales prohíbe “la propaganda gráfica en la vía pública” o el uso de “personas como soporte del mensaje publicitario”.

Los residentes, sin embargo, rechazan esa interpretación. Afirman que se está forzando una norma ajena al contexto y que la fachada de un edificio no puede equipararse a un soporte publicitario. En su opinión, la ordenanza se aplica a anuncios comerciales o campañas de difusión, no a expresiones vecinales de carácter reivindicativo.

“La nuestra no es una lona comercial, sino una manifestación simbólica de protesta”, explican los vecinos, quienes subrayan que el cartel no sobresale ni oculta elementos arquitectónicos, por lo que no constituye una instalación y no debería requerir licencia.

“Un intento de silenciar la disidencia vecinal”

En un comunicado conjunto, la comunidad de propietarios expresó su malestar con la actuación municipal, que consideran “un acto de coacción a la libertad de expresión y una muestra preocupante de la falta de diálogo del equipo de gobierno con la ciudadanía”. Añaden que la pancarta se aprobó por unanimidad en la junta vecinal y que su intención no es otra que “dar visibilidad al malestar de un barrio que ve cómo su mercado histórico pierde identidad”.

“El descontento de un vecindario que observa con frustración cómo su entorno se degrada y se encamina hacia una mercantilización del espacio público”.

Según Martínez, la reacción del consistorio “demuestra una prioridad desmesurada por proteger la imagen del gobierno local en lugar de escuchar las inquietudes de los ciudadanos”.

Libertad de expresión frente a normativa urbanística

Los vecinos invocan el artículo 20 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de expresión, así como sentencias anteriores en las que la justicia reconoció el derecho a exhibir pancartas o carteles en viviendas particulares como forma legítima de protesta social. Consideran que cualquier restricción a este tipo de manifestaciones debería estar “justificada por un interés urbanístico real y proporcionado, lo que claramente no ocurre en este caso”.

Por ahora, los residentes se niegan a retirar la lona y han anunciado que recurrirán la resolución municipal ante las instancias que correspondan. “Estamos dispuestos a defender nuestros derechos con todos los medios legales posibles”, afirman.

Un conflicto que refleja un malestar mayor

El episodio ha puesto de manifiesto la tensión creciente entre el Ayuntamiento de Santander y parte de la ciudadanía, especialmente en torno a la reconfiguración del mercado de Puertochico y la instalación de grandes franquicias en zonas con valor histórico. Para los vecinos, el conflicto no es solo una cuestión de ordenanza o licencias, sino un símbolo de cómo se están gestionando los espacios públicos en la ciudad.

Mientras el gobierno municipal insiste en que la actuación responde estrictamente a criterios urbanísticos y legales, los afectados consideran que detrás de la rapidez y el lenguaje técnico del informe se esconde un intento de silenciar la crítica vecinal.

El debate continúa abierto, y aunque la pancarta sigue ondeando sobre la fachada del número 7 de Andrés del Río, la cuestión de fondo —el derecho ciudadano a expresar disconformidad en el espacio urbano— parece lejos de resolverse.