En nuestra gestoría en Santander estamos siempre pendientes de las novedades y debates que afectan al mundo de nuestras pequeñas y medianas empresas. Esta semana, el debate sobre la falta de personal en la hostelería volvió a encenderse tras unas declaraciones realizadas en un programa televisivo de actualidad. En el centro de la polémica, la afirmación de un empresario que aseguraba que muchos trabajadores prefieren permanecer en el paro antes que aceptar un empleo, ya que —según él— el esfuerzo no se ve recompensado económicamente. Frente a esa visión, la respuesta de un camarero joven fue tajante: el problema no es el sacrificio, sino el incumplimiento sistemático de los derechos laborales.

Como vemos en la imagen, no es la primera vez que un debate de este estilo sucede.

El empresario defendía que el sistema actual no incentiva realmente el trabajo

El empresario defendía que el sistema actual no incentiva realmente el trabajo. Según su experiencia, hay empleados que calculan al detalle cuándo dejar un puesto para acceder a una prestación por desempleo que, en la práctica, apenas difiere de su salario. Desde su punto de vista, el Estado ha creado un marco en el que resulta más cómodo mantenerse dentro del circuito de ayudas que asumir jornadas largas, turnos partidos y una presión constante en sectores como la hostelería. En lugares con alta demanda turística, como Málaga, esta paradoja resulta especialmente visible: miles de vacantes sin cubrir mientras decenas de miles de personas figuran oficialmente como desempleadas en ese mismo sector.

Sin embargo, esta explicación simplifica en exceso una realidad mucho más compleja. El joven camarero que intervino en el debate desmontó el argumento del “no quieren trabajar” señalando una cuestión clave: la precariedad estructural. En temporada alta, especialmente durante los meses de verano, los trabajadores de hostelería asumen ritmos agotadores, jornadas extensas y una disponibilidad casi total. El problema, según explicó, no es el esfuerzo físico ni la dureza del trabajo —algo asumido por quienes eligen esta profesión—, sino que muchas empresas incumplen derechos básicos mientras presentan el empleo como una oportunidad atractiva.

Aquí es donde entra en juego una crítica doble. Por un lado, a un Estado que ha diseñado un sistema de ayudas que, en determinados casos, desincentiva la incorporación al mercado laboral sin exigir contraprestaciones reales ni un control eficaz. Las prestaciones, necesarias como red de seguridad social, acaban convirtiéndose en una zona de confort cuando no van acompañadas de políticas activas de empleo exigentes, formación real y una vigilancia efectiva del fraude. Por otro lado, también se pone el foco en un tejido empresarial que, en demasiadas ocasiones, normaliza prácticas abusivas y luego se sorprende de que los trabajadores no quieran aceptar esas condiciones.

El resultado es un círculo vicioso: el Estado facilita el acceso al subsidio sin resolver los problemas de fondo; algunas empresas ajustan costes a base de recortar derechos; y los trabajadores quedan atrapados entre elegir un empleo precario o una ayuda pública que, sin ser ideal, les permite sobrevivir con menos desgaste. Mientras tanto, el discurso público se polariza, señalando al parado como culpable o al empresario como explotador, sin abordar las responsabilidades estructurales.

Este debate revela una fractura profunda en el modelo laboral. No se trata únicamente de si compensa o no trabajar desde un punto de vista económico, sino de qué tipo de trabajo se ofrece y qué mensaje lanza el Estado cuando resulta casi indiferente aceptar un empleo o seguir cobrando una prestación. Mientras no se reformen las ayudas para que sean realmente transitorias y vinculadas a la inserción laboral, y mientras no se garantice el cumplimiento estricto de los derechos laborales, la hostelería —y otros sectores similares— seguirá enfrentándose al mismo problema año tras año.

Culpar exclusivamente a quienes no trabajan es tan injusto como ignorar que un sistema de ayudas mal diseñado y una precariedad laboral tolerada desde hace décadas han creado el caldo de cultivo perfecto para este conflicto. Sin una reforma profunda que exija responsabilidades tanto al Estado como a las empresas, el debate seguirá repitiéndose, sin soluciones reales a la vista.